Con bombo y platillo, muy en su estilo
mediático y efectista, el Presidente Enrique Peña Nieto echó a andar su
programa social estrella, llamado pomposamente "Cruzada contra el
Hambre". Este programa va a operar en 400 municipios y se supone que
brindará apoyos directos a la población que se encuentra en una situación de
pobreza alimentaria.
Sin embargo, al revisar cuidadosamente los
municipios beneficiados con este programa nos damos cuenta que no son los
reportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) como los de mayor marginación y pobreza alimentaria, como la lógica
y el sentido común indicarían. Más bien, muchos de los municipios incluidos son
los que concentran mayor población precisamente en un año en donde habrá
elecciones en 14 estados.
Veamos algunos ejemplos:
El municipio de Aguascalientes sí fue incluido
en el programa, a pesar de que solamente el 2.3% de su población se encuentra
en pobreza extrema. Pero en ese municipio, que este año tendrá elecciones, vive
el 70% de la población del estado.
El municipio de San Francisco Tlapancingo, en
Oaxaca, es uno de los más pobres de ese estado con casi el 60% de la población
en pobreza alimentaria. Uno pensaría que sería un candidato natural para recibir
los apoyos de la Cruzada contra el Hambre. Pues no, no está en la lista de los
400 municipios prioritarios. ¿La razón? Tal vez porque no elegirá a sus
autoridades de forma ordinaria, sino a través de usos y costumbres, por lo que
no podrá aportarle ningún voto al PRI.
En Chihuahua, tres de los municipios que
concentran mayor pobreza alimentaria son Batopilas, Urique y Balleza. No están
incluidos en la Cruzada contra el Hambre. Sí lo está, en cambio, la capital
Chihuahua, en donde vive la mayoría de la población, aun cuando sus tasas de
marginalidad sean realmente bajas.
En Yucatán no fueron incluidos dos de los
municipios más pobres, como Chemax o Yaxcabá, y en cambio sí lo fue Mérida, en
donde la pobreza extrema es de tan sólo el 3.3% pero en donde vive la gran
mayoría de la población del estado.
Y así nos podríamos ir estado por estado y
veríamos estas inconsistencias. De hecho, si hacemos una sencilla correlación
estadística entre el porcentaje de la población municipal con carencias
alimentarias y ser municipio beneficiado del programa, llegaremos a un número
realmente bajo: 0.36.
No hay, pues, criterios técnicos, objetivos y
rigurosos de política pública bien focalizada en esta Cruzada contra el Hambre.
Más bien hay populismo electorero y clientelar, lo que supone sin duda un
enorme retroceso en lo que a política social se refiere. Otra vez vemos a los
programas sociales como instrumentos al servicio no de los ciudadanos sino del
gobierno para ganar elecciones. Regresan, junto con el PRI, esas prácticas que
poco a poco se habían superado. La restauración está en marcha.
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